8 de marzo: con las
compañeras ocupantes de Lugano, las docentes, las trabajadoras de Kromberg y
las piqueteras; por el aborto legal, seguro y gratuito
Abajo la reforma
reaccionaria del Código Civil
Marcha de Congreso a Plaza
de Mayo
Viernes 7/3 – 17hs
Este Día Internacional de la Mujer Trabajadora, las
trabajadoras nos encontramos en pie de lucha. Es el caso de las compañeras que
están ocupando los terrenos de Lugano por una vivienda digna; las compañeras
docentes que protagonizan huelgas en todo el país contra los cepos salariales
del gobierno nacional y los gobiernos provinciales; las compañeras de Kromberg
que enfrentan los despidos y reclaman equiparación salarial; las piqueteras que
pelean por aumento salarial y puestos de trabajo. Cristina se ha colocado en la
vereda de enfrente de todas estas luchas: en el discurso de apertura de las
sesiones legislativas atacó la lucha docente, y luego la Gendarmería de Berni
montó una fuerte represión en Misiones; reclamó que sean desalojadas
rápidamente todas las tomas por vivienda sin dar satisfacción a los reclamos;
colocó a la Gendarmería a disposición de la patronal de Kromberg contra las
compañeras. La propia lucha de la mujer trabajadora desmiente la tesis de todas
aquellas que apoyaron a Cristina con el argumento de que “por su carácter de
mujer, habría mejores condiciones para conquistar los reclamos de todas las
mujeres”. Pone de manifiesto, por el contrario, la unidad de las mujeres y
hombres de la clase capitalista contra las mujeres y hombres de la clase obrera
y los explotados. Desde la Agrupación de Mujeres en Lucha “Las Piqueteras”
tenemos el orgullo de marchar, en este nuevo aniversario de la Masacre de
Chicago, junto a las ocupantes de Lugano, las docentes, las compañeras de
Kromberg y las piqueteras; contra el gobierno de Cristina y su reforma
reaccionaria del Código Civil, y por el derecho al aborto legal, seguro y
gratuito.
DE UN 2011
DONDE SE DISCUTÍA EL DERECHO AL ABORTO EN EL CONGRESO A UN 2014 DONDE SE ESTÁ
POR APROBAR UNA REFORMA REACCIONARIA DEL CÓDIGO CIVIL CONTRA EL DERECHO AL
ABORTO
Las mujeres trabajadoras estamos enfrentando un
ataque reaccionario contra nuestra lucha. Pasamos de un 2011 donde logramos que
se discutiera en las comisiones del Congreso el proyecto de ley de la Campaña Nacional
por el Derecho al Aborto, a un 2014 donde se está por aprobar en la Cámara de
Diputados una reforma reaccionaria del Código Civil a la medida de la Iglesia y
contra el derecho al aborto dado que establece que la vida se inicia “desde la
concepción”. ¿Cómo llegamos a esta situación? El principal responsable es el
gobierno nacional. Primero boicoteó el tratamiento del proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto
(CNDA) en el congreso, y luego intentó dividir la campaña. Habilitó a los gobernadores
la regimentación el derecho al aborto no punible bajo la responsabilidad del
Ministro de Salud Juan Luis Manzur que
boicoteó la aprobación del protocolo nacional para todos los hospitales. Todo
esto que permitió llevar al extremo la presión anti-derecho al aborto, como se
verifica en el caso reciente de la niña de Salta violada por su padrasto, a
quien se le impidió al acceso a este derecho. Pero también le cabe una
responsabilidad a la oposición patronal, dado que el boicot al tratamiento de
la ley de legalización del aborto fue consumado con el apoyo de todos los
partidos patronales. Le cabe una responsabilidad especial al FAP, por medio de
María Elena Barbagelata, que permitió que en la comisión de debate sobre la
reforma del Código Penal se sacara de discusión la despenalización del derecho
al aborto. Ahora en su fase terminal el kirchnerismo pretende concluir su
gobierno con un nuevo ataque contra las mujeres pactando con Bergoglio y
tomando la agenda de la derecha. Todo este recorrido político tiene que servir
para que las mujeres trabajadoras se independicen políticamente de Cristina, la
derecha y el FAP, y se sumen a la lucha por el derecho al aborto y por todos
los reclamos de las mujeres.
UN CÓDIGO
CIVIL A LA MEDIDA DE LA IGLESIA, LAS PATRONALES, LA IMPUNIDAD ESTATAL, LAS
MEGAMINERAS, LOS PULPOS PETROLEROS Y LOS SOJEROS
El intento de reforma del Código Civil que ya fue
aprobado en el Senado y ahora debe ser discutido en Diputados, es reaccionario
no solamente porque centralmente constituye un ataque al derecho al aborto,
sino porque además ajusta la legislación a la medida de los intereses de la
Iglesia, las patronales, la impunidad estatal, las megamineras, los pulpos
petroleros y los sojeros.
La reforma ratifica la ilegalidad del aborto
imponiendo en uno de los articulados la “vida desde la concepción”, tomando las
bases programáticas de la iglesia católica, única institución que defiende este
principio. Es así que hasta elimina del
código anterior “la concepción en el vientre materno”, impidiendo de esta forma
la aplicación de la fertilización asistida y los estudios científicos que
pudieran realizarse con embriones no implantados; a su vez elimina la figura de
la “gestación por sustitución”, denominado popularmente “alquiler de vientre”
para aquellas parejas que necesiten de este recurso para concebir un hijo.
Ahora solo podrán realizarlas aquellas parejas que cuenten con los recursos
para hacerlo en el exterior. A su vez, mantiene los privilegios feudales de la
iglesia otorgándole el carácter de “persona jurídica pública”, eximiéndola por
lo tanto del pago de impuestos y garantizando su inembargabilidad. Se refuerza,
de esta forma, la vinculación del Estado con la iglesia, motivo por el cual
reivindicamos la actualidad de la consigna levantada por la marcha que plantea
“separación de la iglesia del Estado”.
A su vez, el gobierno ha eliminado del anteproyecto
del código civil cualquier regulación relativa al Estado, para dar media
sanción en diputados a una ley especial llamada “Ley de Responsabilidad de
Estado” con el fin garantizar la impunidad de los funcionarios públicos y de
las contratistas del Estado vinculados a la masacre de Once y Cromañón, y
blindarse contra cualquier acción civil en su contra. Esta ley establece que
“el Estado no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, por los perjuicios
ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a
los que se les atribuya o encomiende un cometido estatal”. En este sentido las
acciones contra el Estado quedarían regidas por del derecho administrativo,
cuyos fallos pueden ser evadidos por medio normas administrativas generadas por
el propio gobierno, como es el caso de los fallos de los jubilados o en el caso
de despidos. En este sentido ataca también a los empleados estatales quienes no
podrían llevar adelante un juicio. Cristina ratificó su voluntad de aprobar
esta ley en su discurso de apertura de las sesiones legislativas, y la propia
ley constituye una línea de acuerdo entre Lorenzetti y Pichetto.
La legislación es también absolutamente anti
–obrera dado que se coloca por encima de la “Ley de Contratos de Trabajo”,
desbaratando “orden público laboral” - por el cual los derechos laborales
resultan prioritarios en la relación obrero-patronal-, para establecer una
relación de “igualdad entre civiles”, ocultando la desigualdad real entre los
capitalistas y los trabajadores. Favorece la precarización dado que legaliza la
contratación mediante los monotributos, y admite que los franquiciantes
respondan solidariamente a los trabajadores sólo en caso de fraude laboral,
despreciando el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, que no exige
fraude laboral para que éste se haga cargo de los incumplimientos de los
sub-contratantes. Se trata de una estafa, además, dado que los franquiciados
son en muchos casos testaferros de las propias empresas principales utilizados
para desconocer los convenios laborales.
La reforma enajena a los pueblos de su derecho al
agua potable y desvincula al Estado de proveer este recurso esencial. Esta
legislación tiene un carácter pro capitalista dado que le da vía libre accionar
de las megamineras que contaminan el agua de los pueblos de la cordillera,
colocándose diametralmente en oposición a la rebelión de los pueblos contra la
megaminería contaminante, y a la resistencia de los pueblos aledaños a las
empresas como Chevron que contaminan el medio ambiente mediante el fracking.
Buscan reventar la experiencia de lucha mediante la cual el pueblo diaguita de
Chile logró la suspensión judicial del emprendimiento megaminero Pascua Lama de
la Barrick Gold, basándose en el artículo que ahora será eliminado. A su vez
ataca a los pueblos originarios quitándoles los derechos a participar de la
gestión de sus recursos naturales, entendiéndolos como entidades jurídicas
privadas contra su derecho colectivo a ser reconocidos como poseedores
comunitarios de las tierras.
Todo el articulado propuesto por el gobierno, de
común acuerdo con la Iglesia, pone de manifiesto su orientación social
anti-popular de conjunto. Quedan claros los objetivos y la naturaleza de la
reforma, y es justamente por eso que las mujeres trabajadoras y todos los
luchadores nos tenemos que movilizar para derribarla.
“REFORMAR LA
REFORMA” ES UNA UTOPÍA REACCIONARIA. TENEMOS QUE LUCHAR PARA DERRIBARLA.
La oposición patronal de Massa, el PRO, el FAP y la
UCR ha manifestado su voluntad de aprobar el proyecto con algunas
modificaciones. Lejos de oponerse de conjunto a la reforma propuesta por el
gobierno, buscan negociar sus términos: “el líder del Frente Renovador adelantó
que su bloque respaldará la modificación impulsada por el kirchnerismo. Sin
embargo, presentarán un dictamen propio y votarán en contra de la modificación
de la responsabilidad civil del Estado y sus funcionarios” (Infobae,
18/11/13). “La UCR irá con proyecto propio, pero intentará negociar con el FPV”
(Infonews, 21/11/13). La voluntad del kirchnerismo es pactar efectivamente
con la derecha la reforma del Código Civil: Pichetto declaró que “no queremos
que salga solo con los votos del Frente para la Victoria” (http://www.mdzol.com/nota/514585/).
Al pacto de Cristina con la Iglesia se han sumado la derecha y el FAP. Las
críticas de la oposición patronal se concentran en la cuestión de la
responsabilidad del Estado. No se trata, sin embargo, de que apoyen la lucha
contra la impunidad: no se han movilizado contra Ibarra por la Masacre de
Cromañón, así como tampoco lo han hecho frente al asesinato de Mariano Ferreyra.
Por el contrario, pretenden valerse de la posibilidad de enjuiciar al Estado en
caso de que resuelvan reflotar su orientación golpista. Es la misma oposición
que defiende la “independencia” del aparato judicial reaccionario.
Se trata de un debate importante porque ha
alcanzado las filas de las organizaciones de mujeres y LGBTTIQ. En las
reuniones preparatorias de la marcha unitaria, María Rachid, ex presidenta de
la FALGBT, ahora legisladora de la ciudad de FVP en la Ciudad de Buenos Aires,
planteó la orientación de “reformar la reforma”, considerando que sus “aspectos
positivos” priman sobre los negativos y que, presionando, se puede lograr una
reforma “aún más progresiva”. Públicamente declaró que “la reforma del Código
Civil es un gran avance en muchas materias, pero lamentablemente el último
dictamen generó un retroceso y estamos tratando de que el proyecto vuelva a la
idea original de la presidenta Cristina Fernández” (Política del Sur,
17/12/2013). Rachid buscó que todas las organizaciones de mujeres adoptáramos
esta orientación, lo que fue rechazado mayoritariamente y, finalmente, la
marcha tiene como una de sus consignas centrales el rechazo de conjunto a la
reforma reaccionaria. Frente a esto, Rachid desertó de la movilización.
Como Agrupación de Mujeres en Lucha “Las Piqueteras”
dimos una fuerte lucha política contra esta orientación. En primer lugar,
porque constituye una profesión de fe hacia el kirchnerismo, postulando la
posibilidad de que el FPV apruebe una reforma “progresiva” del Código Civil, y
negando la naturaleza reaccionaria y anti-popular de la reforma desde sus
orígenes. En segundo lugar, porque los aspectos supuestamente progresivos son
fuertemente cuestionables: en materia de adopción, una de las modificaciones
reivindicadas por Rachid, establece la categoría de niños en situación de
“adoptabilidad” entre los que se encuentran los niños pertenecientes a familias
cuestionadas por el Estado que tienen la intervención de asistentes sociales.
Desde Las Piqueteras podemos decir con claridad que esta cláusula a manos de
los gobiernos patronales es una herramienta contra las familias piqueteras, que
durante el gobierno de Duhalde mandaban asistentes sociales contra las mujeres
que salían a luchar en los piquetes acusándolas de “descuidar a sus hijos” para
doblegar su lucha. En tercer lugar, porque ningún diputado nacional del
kirchnerismo ha manifestado su solidaridad con el planteo de Rachid. La única
que podría empalmar con esta línea es María Luisa Storani de la UCR, que
declaró “que intentará conseguir votos del ala progresista del kirchnerismo
para evitar la modificación del artículo referido a fertilización asistida” (Infonews,
21/11/13), sin decir quiénes podrían otorgar esos votos. ¿Rachid seriamente
considera que la reforma “progresiva” puede venir de la mano de la UCR? Desde
Las Piqueteras llamamos a romper con la utopía reaccionaria que postula la
posibilidad de “reformar la reforma”, a reconocer el carácter reaccionario de
la misma en su conjunto, y a marchar junto a todas las luchadoras con el
objetivo de derribar el intento de reforma. Los 3 diputados del Frente de
Izquierda en la Cámara de Diputados, que son los únicos diputados que se
pronunciaron en contra de la reforma en su conjunto, son un gran punto de apoyo
para luchar por este objetivo.
VAMOS CON TODA A LA MARCHA UNITARIA CONTRA LA
APROBACIÓN DE LA REFORMA REACCIONARIA, POR EL DERECHO AL ABORTO, Y EN DEFENSA
DE LA LUCHA DE LAS MUJERES TRABAJADORAS
Sobre esta base, como Las Piqueteras batallamos
para que uno de los ejes centrales de la marcha fuera el rechazo de conjunto a
la reforma reaccionaria. Un sector de la izquierda, en las reuniones
preparatorias, excluía esta cuestión de la agenda central de la movilización.
El Plenario de Trabajadoras-PO llegó a escribir que “en las reuniones de
organización, un sector kirchnerista, dirigido por la legisladora del FpV,
María Rachid, intervino para circunscribir la movilización a que se pronuncie
exclusivamente por el aborto legal y el rechazo al nuevo Código Civil, tema que
ha llevado a expresar críticas al gobierno dentro de la FLGBTI (Federación de
organizaciones que tributa al kirchnerismo)” (Prensa Obrera, 6/3). Con
ese argumento, contraponía la lucha contra el ajuste a la lucha contra el
Código Civil. Se trata, sin embargo, de un caso de miopía y autismo políticos,
que embellecen al kirchnerismo e impiden procesar una clarificación de cara a
su base popular: ¡ese sector del kirchnerismo no rechaza el nuevo Código Civil
sino que, al igual que la oposición patronal, quiere negociar sus términos! Si
desertaron de la marcha, fue no solamente porque rechazaron denunciar el
ajuste, sino también porque no nos sumamos a su orientación de “reformar la
reforma”. Y con la excusa de que la marcha denuncia el ajuste, este sector K no
se moviliza contra todos los ataques implicados en el nuevo Código Civil y por
el derecho al aborto. ¡La defensa acérrima de Cristina lleva a romper la unidad
en la lucha por los reclamos de las mujeres! Las mujeres que confían en Cristina
se tienen que hacer una pregunta: ¿vale la pena, con tal de ocultar el ajuste
en marcha, romper la marcha unitaria que reclama por el derecho al aborto y
contra el nuevo Código Civil? Desde Las Piqueteras entendemos que no, y que por
lo tanto es necesario sacar la conclusión de que la reforma del Código Civil
forma parte de una orientación anti-popular más general del gobierno nacional a
través del ajuste y el Rodrigazo. Por eso, llamamos a movilizar de Congreso a
Plaza de Mayo en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
7 de marzo de 2014
LAS
PIQUETERAS
las.piqueteras@gmail.com
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190 3554
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