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viernes, 7 de marzo de 2014

[8 DE MARZO] ABAJO LA REFORMA REACCIONARIA DEL CÓDIGO CIVIL

8 de marzo: con las compañeras ocupantes de Lugano, las docentes, las trabajadoras de Kromberg y las piqueteras; por el aborto legal, seguro y gratuito

Abajo la reforma reaccionaria del Código Civil

Marcha de Congreso a Plaza de Mayo
Viernes 7/3 – 17hs

Este Día Internacional de la Mujer Trabajadora, las trabajadoras nos encontramos en pie de lucha. Es el caso de las compañeras que están ocupando los terrenos de Lugano por una vivienda digna; las compañeras docentes que protagonizan huelgas en todo el país contra los cepos salariales del gobierno nacional y los gobiernos provinciales; las compañeras de Kromberg que enfrentan los despidos y reclaman equiparación salarial; las piqueteras que pelean por aumento salarial y puestos de trabajo. Cristina se ha colocado en la vereda de enfrente de todas estas luchas: en el discurso de apertura de las sesiones legislativas atacó la lucha docente, y luego la Gendarmería de Berni montó una fuerte represión en Misiones; reclamó que sean desalojadas rápidamente todas las tomas por vivienda sin dar satisfacción a los reclamos; colocó a la Gendarmería a disposición de la patronal de Kromberg contra las compañeras. La propia lucha de la mujer trabajadora desmiente la tesis de todas aquellas que apoyaron a Cristina con el argumento de que “por su carácter de mujer, habría mejores condiciones para conquistar los reclamos de todas las mujeres”. Pone de manifiesto, por el contrario, la unidad de las mujeres y hombres de la clase capitalista contra las mujeres y hombres de la clase obrera y los explotados. Desde la Agrupación de Mujeres en Lucha “Las Piqueteras” tenemos el orgullo de marchar, en este nuevo aniversario de la Masacre de Chicago, junto a las ocupantes de Lugano, las docentes, las compañeras de Kromberg y las piqueteras; contra el gobierno de Cristina y su reforma reaccionaria del Código Civil, y por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.

DE UN 2011 DONDE SE DISCUTÍA EL DERECHO AL ABORTO EN EL CONGRESO A UN 2014 DONDE SE ESTÁ POR APROBAR UNA REFORMA REACCIONARIA DEL CÓDIGO CIVIL CONTRA EL DERECHO AL ABORTO

Las mujeres trabajadoras estamos enfrentando un ataque reaccionario contra nuestra lucha. Pasamos de un 2011 donde logramos que se discutiera en las comisiones del Congreso el proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, a un 2014 donde se está por aprobar en la Cámara de Diputados una reforma reaccionaria del Código Civil a la medida de la Iglesia y contra el derecho al aborto dado que establece que la vida se inicia “desde la concepción”. ¿Cómo llegamos a esta situación? El principal responsable es el gobierno nacional. Primero boicoteó el tratamiento del proyecto de la  Campaña Nacional por el Derecho al Aborto (CNDA) en el congreso, y luego intentó dividir la campaña. Habilitó a los gobernadores la regimentación el derecho al aborto no punible bajo la responsabilidad del Ministro de Salud  Juan Luis Manzur que boicoteó la aprobación del protocolo nacional para todos los hospitales. Todo esto que permitió llevar al extremo la presión anti-derecho al aborto, como se verifica en el caso reciente de la niña de Salta violada por su padrasto, a quien se le impidió al acceso a este derecho. Pero también le cabe una responsabilidad a la oposición patronal, dado que el boicot al tratamiento de la ley de legalización del aborto fue consumado con el apoyo de todos los partidos patronales. Le cabe una responsabilidad especial al FAP, por medio de María Elena Barbagelata, que permitió que en la comisión de debate sobre la reforma del Código Penal se sacara de discusión la despenalización del derecho al aborto. Ahora en su fase terminal el kirchnerismo pretende concluir su gobierno con un nuevo ataque contra las mujeres pactando con Bergoglio y tomando la agenda de la derecha. Todo este recorrido político tiene que servir para que las mujeres trabajadoras se independicen políticamente de Cristina, la derecha y el FAP, y se sumen a la lucha por el derecho al aborto y por todos los reclamos de las mujeres.

UN CÓDIGO CIVIL A LA MEDIDA DE LA IGLESIA, LAS PATRONALES, LA IMPUNIDAD ESTATAL, LAS MEGAMINERAS, LOS PULPOS PETROLEROS Y LOS SOJEROS

El intento de reforma del Código Civil que ya fue aprobado en el Senado y ahora debe ser discutido en Diputados, es reaccionario no solamente porque centralmente constituye un ataque al derecho al aborto, sino porque además ajusta la legislación a la medida de los intereses de la Iglesia, las patronales, la impunidad estatal, las megamineras, los pulpos petroleros y los sojeros.

La reforma ratifica la ilegalidad del aborto imponiendo en uno de los articulados la “vida desde la concepción”, tomando las bases programáticas de la iglesia católica, única institución que defiende este principio. Es así que hasta  elimina del código anterior “la concepción en el vientre materno”, impidiendo de esta forma la aplicación de la fertilización asistida y los estudios científicos que pudieran realizarse con embriones no implantados; a su vez elimina la figura de la “gestación por sustitución”, denominado popularmente “alquiler de vientre” para aquellas parejas que necesiten de este recurso para concebir un hijo. Ahora solo podrán realizarlas aquellas parejas que cuenten con los recursos para hacerlo en el exterior. A su vez, mantiene los privilegios feudales de la iglesia otorgándole el carácter de “persona jurídica pública”, eximiéndola por lo tanto del pago de impuestos y garantizando su inembargabilidad. Se refuerza, de esta forma, la vinculación del Estado con la iglesia, motivo por el cual reivindicamos la actualidad de la consigna levantada por la marcha que plantea “separación de la iglesia del Estado”.

A su vez, el gobierno ha eliminado del anteproyecto del código civil cualquier regulación relativa al Estado, para dar media sanción en diputados a una ley especial llamada “Ley de Responsabilidad de Estado” con el fin garantizar la impunidad de los funcionarios públicos y de las contratistas del Estado vinculados a la masacre de Once y Cromañón, y blindarse contra cualquier acción civil en su contra. Esta ley establece que “el Estado no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a los que se les atribuya o encomiende un cometido estatal”. En este sentido las acciones contra el Estado quedarían regidas por del derecho administrativo, cuyos fallos pueden ser evadidos por medio normas administrativas generadas por el propio gobierno, como es el caso de los fallos de los jubilados o en el caso de despidos. En este sentido ataca también a los empleados estatales quienes no podrían llevar adelante un juicio. Cristina ratificó su voluntad de aprobar esta ley en su discurso de apertura de las sesiones legislativas, y la propia ley constituye una línea de acuerdo entre Lorenzetti y Pichetto.

La legislación es también absolutamente anti –obrera dado que se coloca por encima de la “Ley de Contratos de Trabajo”, desbaratando “orden público laboral” - por el cual los derechos laborales resultan prioritarios en la relación obrero-patronal-, para establecer una relación de “igualdad entre civiles”, ocultando la desigualdad real entre los capitalistas y los trabajadores. Favorece la precarización dado que legaliza la contratación mediante los monotributos, y admite que los franquiciantes respondan solidariamente a los trabajadores sólo en caso de fraude laboral, despreciando el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, que no exige fraude laboral para que éste se haga cargo de los incumplimientos de los sub-contratantes. Se trata de una estafa, además, dado que los franquiciados son en muchos casos testaferros de las propias empresas principales utilizados para desconocer los convenios laborales.

La reforma enajena a los pueblos de su derecho al agua potable y desvincula al Estado de proveer este recurso esencial. Esta legislación tiene un carácter pro capitalista dado que le da vía libre accionar de las megamineras que contaminan el agua de los pueblos de la cordillera, colocándose diametralmente en oposición a la rebelión de los pueblos contra la megaminería contaminante, y a la resistencia de los pueblos aledaños a las empresas como Chevron que contaminan el medio ambiente mediante el fracking. Buscan reventar la experiencia de lucha mediante la cual el pueblo diaguita de Chile logró la suspensión judicial del emprendimiento megaminero Pascua Lama de la Barrick Gold, basándose en el artículo que ahora será eliminado. A su vez ataca a los pueblos originarios quitándoles los derechos a participar de la gestión de sus recursos naturales, entendiéndolos como entidades jurídicas privadas contra su derecho colectivo a ser reconocidos como poseedores comunitarios de las tierras.

Todo el articulado propuesto por el gobierno, de común acuerdo con la Iglesia, pone de manifiesto su orientación social anti-popular de conjunto. Quedan claros los objetivos y la naturaleza de la reforma, y es justamente por eso que las mujeres trabajadoras y todos los luchadores nos tenemos que movilizar para derribarla.

“REFORMAR LA REFORMA” ES UNA UTOPÍA REACCIONARIA. TENEMOS QUE LUCHAR PARA DERRIBARLA.

La oposición patronal de Massa, el PRO, el FAP y la UCR ha manifestado su voluntad de aprobar el proyecto con algunas modificaciones. Lejos de oponerse de conjunto a la reforma propuesta por el gobierno, buscan negociar sus términos: “el líder del Frente Renovador adelantó que su bloque respaldará la modificación impulsada por el kirchnerismo. Sin embargo, presentarán un dictamen propio y votarán en contra de la modificación de la responsabilidad civil del Estado y sus funcionarios” (Infobae, 18/11/13). “La UCR irá con proyecto propio, pero intentará negociar con el FPV” (Infonews, 21/11/13). La voluntad del kirchnerismo es pactar efectivamente con la derecha la reforma del Código Civil: Pichetto declaró que “no queremos que salga solo con los votos del Frente para la Victoria” (http://www.mdzol.com/nota/514585/). Al pacto de Cristina con la Iglesia se han sumado la derecha y el FAP. Las críticas de la oposición patronal se concentran en la cuestión de la responsabilidad del Estado. No se trata, sin embargo, de que apoyen la lucha contra la impunidad: no se han movilizado contra Ibarra por la Masacre de Cromañón, así como tampoco lo han hecho frente al asesinato de Mariano Ferreyra. Por el contrario, pretenden valerse de la posibilidad de enjuiciar al Estado en caso de que resuelvan reflotar su orientación golpista. Es la misma oposición que defiende la “independencia” del aparato judicial reaccionario.

Se trata de un debate importante porque ha alcanzado las filas de las organizaciones de mujeres y LGBTTIQ. En las reuniones preparatorias de la marcha unitaria, María Rachid, ex presidenta de la FALGBT, ahora legisladora de la ciudad de FVP en la Ciudad de Buenos Aires, planteó la orientación de “reformar la reforma”, considerando que sus “aspectos positivos” priman sobre los negativos y que, presionando, se puede lograr una reforma “aún más progresiva”. Públicamente declaró que “la reforma del Código Civil es un gran avance en muchas materias, pero lamentablemente el último dictamen generó un retroceso y estamos tratando de que el proyecto vuelva a la idea original de la presidenta Cristina Fernández” (Política del Sur, 17/12/2013). Rachid buscó que todas las organizaciones de mujeres adoptáramos esta orientación, lo que fue rechazado mayoritariamente y, finalmente, la marcha tiene como una de sus consignas centrales el rechazo de conjunto a la reforma reaccionaria. Frente a esto, Rachid desertó de la movilización.

Como Agrupación de Mujeres en Lucha “Las Piqueteras” dimos una fuerte lucha política contra esta orientación. En primer lugar, porque constituye una profesión de fe hacia el kirchnerismo, postulando la posibilidad de que el FPV apruebe una reforma “progresiva” del Código Civil, y negando la naturaleza reaccionaria y anti-popular de la reforma desde sus orígenes. En segundo lugar, porque los aspectos supuestamente progresivos son fuertemente cuestionables: en materia de adopción, una de las modificaciones reivindicadas por Rachid, establece la categoría de niños en situación de “adoptabilidad” entre los que se encuentran los niños pertenecientes a familias cuestionadas por el Estado que tienen la intervención de asistentes sociales. Desde Las Piqueteras podemos decir con claridad que esta cláusula a manos de los gobiernos patronales es una herramienta contra las familias piqueteras, que durante el gobierno de Duhalde mandaban asistentes sociales contra las mujeres que salían a luchar en los piquetes acusándolas de “descuidar a sus hijos” para doblegar su lucha. En tercer lugar, porque ningún diputado nacional del kirchnerismo ha manifestado su solidaridad con el planteo de Rachid. La única que podría empalmar con esta línea es María Luisa Storani de la UCR, que declaró “que intentará conseguir votos del ala progresista del kirchnerismo para evitar la modificación del artículo referido a fertilización asistida” (Infonews, 21/11/13), sin decir quiénes podrían otorgar esos votos. ¿Rachid seriamente considera que la reforma “progresiva” puede venir de la mano de la UCR? Desde Las Piqueteras llamamos a romper con la utopía reaccionaria que postula la posibilidad de “reformar la reforma”, a reconocer el carácter reaccionario de la misma en su conjunto, y a marchar junto a todas las luchadoras con el objetivo de derribar el intento de reforma. Los 3 diputados del Frente de Izquierda en la Cámara de Diputados, que son los únicos diputados que se pronunciaron en contra de la reforma en su conjunto, son un gran punto de apoyo para luchar por este objetivo.

VAMOS CON TODA A LA MARCHA UNITARIA CONTRA LA APROBACIÓN DE LA REFORMA REACCIONARIA, POR EL DERECHO AL ABORTO, Y EN DEFENSA DE LA LUCHA DE LAS MUJERES TRABAJADORAS

Sobre esta base, como Las Piqueteras batallamos para que uno de los ejes centrales de la marcha fuera el rechazo de conjunto a la reforma reaccionaria. Un sector de la izquierda, en las reuniones preparatorias, excluía esta cuestión de la agenda central de la movilización. El Plenario de Trabajadoras-PO llegó a escribir que “en las reuniones de organización, un sector kirchnerista, dirigido por la legisladora del FpV, María Rachid, intervino para circunscribir la movilización a que se pronuncie exclusivamente por el aborto legal y el rechazo al nuevo Código Civil, tema que ha llevado a expresar críticas al gobierno dentro de la FLGBTI (Federación de organizaciones que tributa al kirchnerismo)” (Prensa Obrera, 6/3). Con ese argumento, contraponía la lucha contra el ajuste a la lucha contra el Código Civil. Se trata, sin embargo, de un caso de miopía y autismo políticos, que embellecen al kirchnerismo e impiden procesar una clarificación de cara a su base popular: ¡ese sector del kirchnerismo no rechaza el nuevo Código Civil sino que, al igual que la oposición patronal, quiere negociar sus términos! Si desertaron de la marcha, fue no solamente porque rechazaron denunciar el ajuste, sino también porque no nos sumamos a su orientación de “reformar la reforma”. Y con la excusa de que la marcha denuncia el ajuste, este sector K no se moviliza contra todos los ataques implicados en el nuevo Código Civil y por el derecho al aborto. ¡La defensa acérrima de Cristina lleva a romper la unidad en la lucha por los reclamos de las mujeres! Las mujeres que confían en Cristina se tienen que hacer una pregunta: ¿vale la pena, con tal de ocultar el ajuste en marcha, romper la marcha unitaria que reclama por el derecho al aborto y contra el nuevo Código Civil? Desde Las Piqueteras entendemos que no, y que por lo tanto es necesario sacar la conclusión de que la reforma del Código Civil forma parte de una orientación anti-popular más general del gobierno nacional a través del ajuste y el Rodrigazo. Por eso, llamamos a movilizar de Congreso a Plaza de Mayo en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

7 de marzo de 2014

LAS PIQUETERAS

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