A 11 años de la desaparición de Marita Verón, seguimos luchando por su aparición con vida
Alperovich y la justicia son cómplices de la “Chancha” Alé
Vamos por la destitución de los jueces, la apelación a la Corte Suprema y el encarcelamiento de los tratantes
Daiana Asquini
Después del fallo absolutorio de los 13 imputados (integrantes de la mafia de la “Chancha” Alé) en la causa por el secuestro de Marita Verón, Susana Trimarco presentó ante la legislatura provincial el pedido de juicio político por la destitución a los tres jueces que dictaron la sentencia, por “falta de cumplimiento de los deberes de su cargo", con el respaldo de Alperovich. Sólo serían enjuiciados Eduardo Romero Lascano y Alberto Piedrabuena, dado que a Emilio Herrera Molina le fue aprobado su pedido de jubilación.
Con el juicio político, el gobierno kirchnerista de Alperovich intenta tapar su responsabilidad apostando a un lento proceso que podría demorar 4 años. En del Jury -juicio político- preside la cámara acusadora el legislador del FPV, Sisto Terán Nogués, quién fue vice-gobernador del gobierno de Julio Miranda durante la desaparición de Marita. Los propios responsables políticos de la desaparición de Marita se montan sobre el reclamo del juicio político para encubrir su propia responsabilidad en los hechos.
Por otro lado, Trimarco apeló al fallo absolutorio ante la Corte Suprema de la provincia. Allí se plantea la anulación de la sentencia a partir de denunciar una incoherencia en el fallo, dado que luego de reconocer la existencia de una banda dedicada a la trata de personas en La Rioja, encabezadas por Irma Medina y sus hijos Gonzalo y José Fernando Gómez, el tribunal no cree en las víctimas que atestiguaron haber estado secuestradas bajo esa red. El tribunal inventó una incoherencia en la causa que no existe para absolver a los tratantes.
Las empresas de la mafia tales como Cinco Estrellas S.R.L, Points Limits S.R.L, Transportadora Leonel S.R.L y Gerenciadora Deportiva del NOA siguen operando con normalidad. Hay en la justicia federal una causa contra 23 imputados del clan Alé por asociación ilícita, lavado de activos y evasión fiscal agravada por el uso de testaferros. En los allanamientos a la casa de Rubén Alé se encontraron 50 armas de fuego. Esto último merece un agravamiento de las penas de hasta 20 años.
El gobierno kirchnerista de Alperovich es cómplice de los tratantes que secuestraron a Marita Verón
La responsabilidad del gobierno de Alperovich en la impunidad de los tratantes es directa: los jueces provinciales han sido electos por el poder ejecutivo. Un hecho incriminatorio también marca la complicidad: el día que José Alperovich recibió a la “Chancha” Ale luego de que el Club San Martin de Tucumán ascendiera a la A, luego de la desaparición de Marita. Por su parte, el gobierno de Cristina pretende encubrir su complicidad con los tratantes que desaparecieron a Marita sancionando la modificación a la ley de trata que mantiene las penas irrisorias y preserva el aparato de las redes intacto.
Impulsemos la movilización popular independiente contra los tratantes y la complicidad del poder político
Es necesario impulsar la movilización popular para que este juicio se lleve a cabo denunciando todas las complicidades. La lucha contra las redes de trata tienen que plantearse como tarea barrer con toda la complicidad estatal existente.
Susana Trimarco, lejos de apoyarse en la fuerza de la movilización popular independiente del movimiento de mujeres y en los familiares, como la familia de Paulina Lebbos, que se movilizan por justicia contra el asesino que se encuentra entre los hijos del poder de Alperovich, ha salido a apoyar la política del gobierno de Cristina. Y por el contrario atacó a la familia Lebbos por hacer “utilización política de la causa”. La estrategia de apoyo a los gobiernos sólo puede redundar en el sostenimiento de la impunidad del poder político responsable del desarrollo de este gran negociado. La salida necesaria para esclarecer los casos y obtener justicia es la independencia política de todos los gobiernos tratantes y la movilización popular.
“CONTRA LA TRATA Y LOS FEMICIDIOS”
Lourdes González, de 16 años, desapareció el viernes 17 de febrero de 2012 en Mariano Acosta en el partido de Moreno de la provincia de Buenos Aires. Llevaba puesto una musculosa verde agua, un short rayado blanco y negro de tela y unas ojotas hawainas amarillas.
Ese día, después de la clase de murga, Lourdes nunca llegó a la casa de su madre Marta Morinigo. La última vez que la vieron fue cruzando un puesto de la policía camino a Marcos Paz, junto a Jesika Subelza de 21 años quien presentándose como amiga formó parte de la captación. Después de 5 días Jesika regresó sin Lourdes negándose a dar cualquier información. La familia sospecha que Lourdes fue raptada para una red de tratantes peruanos que se encuentra prostituyéndola.
La denuncia se realizó el domingo 19 de febrero y desde ese entonces los familiares la buscan incansablemente. Posteriormente algunos testigos declararon haberla visto en la zona de Once el 29/06/12 y otros en la feria de Mataderos el 8/7/12 vendiendo estampitas, descalza y con la ropa sucia. Estaría golpeada y posiblemente bajo efectos de drogas. La causa se encuentra radicada en la UFI Nª4 de Morón bajo la carátula “averiguación de paradero” y se encuentra paralizada desde su desaparición.
Yamila Elizabeth Cuello, desaparecida el 25 octubre del 2009 en Córdoba capital. Ante su desaparición, la policía se negó a tomar la denuncia antes de las 72hs, tiempo clave para impedir el cruce de la frontera nacional ante cualquier caso de desaparición.
La familia fue la que acercó la principal pista apuntando que Yamila estuvo de novia con un hombre más grande, llamado Néstor Antonio Simone, domiciliado en el barrio Villa Boedo, con el que tuvo una relación conflictiva. La familia denuncia que Simone la obligada a prostituirse cuando perdía apuestas y que la siguió amenazando por teléfono cuando se separaron.
A partir de sucesivas marchas por su aparición se conquistó que este fuera el único caso de la provincia por el que se abrió una causa por trata de personas, pasando a los juzgados federales, hoy en la Fiscalía Federal Nº 1, a cargo de Enrique Senestrari. Sin embargo, la investigación judicial no aporta ningún dato sobre su paradero, lo que refuerza la necesidad de profundizar la movilización por su aparición
Araceli Ramos, una joven trabajadora de 19 años, desapareció el 30 de septiembre después de haberse dirigido a una entrevista laboral. Días después su cuerpo fue encontrado en un descampado desnudo, en posición fetal, envuelto en varias bolsas anudadas, dentro de un bolso y atado con alambre.
Su asesino, Walter Vinader (38 años), ex prefecto y ex presidiario por estafa, le había ofrecido un trabajo como parte de una emboscada. Se descubre que el domicilio donde se citó a Araceli pertenecía a una mujer, Aída Amado, que se encuentra desaparecida desde el 15 de septiembre. No habiendo rastros de ella se presume que su desaparición fue realizada por Vinader para quedarse con la propiedad. Allí mismo, en cautiverio el femicida obligó a Araceli a filmar un video en el que inculpa por el crimen del asesinato de Verónica Celeste Fernández, otra víctima, a una ex mujer del único imputado que tiene el expediente y a tres policías por un ajuste de cuentas. Al igual que Araceli, su cuerpo había sido encontrado el 24 de noviembre de 2012 arrojado en posición fetal, luego de sufrir violación vaginal y anal.
La familia de Araceli Ramos se movilizó reclamando el esclarecimiento del caso, y conquistaron la prisión preventiva para Vinader.
